Doi:
https://doi.org/10.17398/2695-7728.35.85 
LA NATURALEZA Y LAS FASES DEL INFORME DE LA
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
The nature and phases of the bankruptcy administration report
Tomás
Cuéllar Montes
Universidad de Extremadura
Recibido: 13/02/2019 Aceptado: 18/09/2019
Resumen
El informe de la administración concursal es un documento
en el cual se plasma toda la información necesaria del concurso, en el aparecen
el inventario de los bienes y la lista de los acreedores, pero este documento
no es estático, sino que evoluciona con el tiempo, estando sujeto a plazos
hasta llegar a su versión definitiva, a la que se llega después de hacer las
correspondientes modificaciones en el inventario y en la lista de acreedores.
Este informe es fundamental para que se alcancen los fines del concurso. Con
este artículo se pretenden analizar las características de esta obligación
legal, y las distintas fases por la que va pasando su elaboración.
Palabras clave:
administración concursal, inventario y lista de acreedores, fases del
procedimiento, modificaciones del inventario y de la lista de acreedores.
Abstract
The banckrupcy administration report is a
document that contains the whole information about the bankrupcy procedure, it
contains the inventory and the list of creditors, but that document don’t
remains the same along the time, rather than that, it evolves, being subject to
time frames, until it reaches it´s final versión, after the modifications of
the inventory and the list of créditors. This report contains everything
crucial for ataining the goals of the bankrupcy procedure. This article analyse
the characters of this legal obligation, and the diferent phases of it´s
making.
Keywords: bankrupcy administration, inventoy and list of
creditors, phases of the procedure, modifications of the inventoy and list of
creditors.
Sumario: 1. Introducción. 2. Naturaleza y plazos del
informe. 3. Fases del informe: 3.1. Fase previa; 3.2. Fase de presentación del
informe inicial; 3.3. Fase de impugnación del informe; 3.4. Fase del informe
final del concurso. 4. Conclusiones.
1. INTRODUCCIÓN
De entre las funciones orgánicas[1] de la administración concursal, podemos entender que la elaboración del informe concursal es sin duda la tarea por antonomasia, dado que con esta concluye la fase común[2]. Pero al mismo tiempo, expone de forma clara las informaciones más relevantes para quienes forman parte de este procedimiento en la medida que expone un reflejo fiel de la composición de las masas activa y pasiva y al mismo se le une un “escrito”, en expresión de la norma[3]. En él se pone de manifiesto la evaluación que la administración concursal realiza de las propuestas de convenio. Además, para el caso de que se estime la necesidad de liquidar, se expone el plan de liquidación. En definitiva, tanto en un caso como en otro los administradores exponen su parecer sobre lo que ha de hacerse, bien entendido, que a todo lo anterior se una también una valoración de la empresa y de las unidades productivas que la integran en ambos supuestos.
De todo lo expuesto, se puede entender fácilmente que se trata del documento más importante para un acreedor (no lo es menos para el concursado), dado que a la vista de lo expuesto podrá empezar a figurarse cómo va a ver satisfechos sus créditos, en el caso de que esto sea posible o, por el contrario, como se va a liquidar la empresa; lo que en principio le va a indicar en cuánto va a ver satisfechas las deudas pendientes.
Además, tanto en el caso de la masa activa, en la cual aparecen reflejados tanto el inventario como el avaluó de los bienes del concursado, como en el caso de la masa pasiva, en la cual aparecen tanto la lista de acreedores como la clasificación de sus créditos, nos encontramos ante la piedra de toque de este procedimiento[4]. Lo que es más importante, desde el punto de vista práctico, el origen de una buena parte de las controversias que puede generar un concurso de acreedores.
2. NATURALEZA Y PLAZOS DEL INFORME
Estamos ante una obligación legal para los administradores, como aparece recogida en el artículo 33 de la ley concursal[5]. Pero debemos entender que aquí no estamos ante un informe, entendido como los informes que los administradores sociales presentan a las juntas generales de las sociedades, en las que en el caso de las cuentas, éstas deben sujetarse a normativas contables. En este caso, es la normativa del concurso la que en el art. 75 establece los contenidos del informe; por tanto, sus contenidos deben sujetarse a lo previsto en la norma concursal.
Se trata además de un documento con múltiples destinatarios, entre ellos y como figura señera, el juez del concurso, que en definitiva será el que garantice que el órgano de administración concursal ha cumplido correctamente sus obligaciones. Además, están el resto de los interesados a los que también se destina este informe, empezando por el concursado/a y su cónyuge, sus socios y acreedores, sin olvidar aparceros y arrendatarios de bienes del concursado y así un largo etcétera de quienes tengan una relación con él y sus bienes.
De la obligación de presentar el informe, nace como no podía ser de otra manera, la necesidad de emplazar este mandato, y aquí la ley distingue entre dos plazos el correspondiente al concurso ordinario y el aplicable al concurso abreviado. En el primer caso, estamos hablando de un plazo de dos meses[6] y en el segundo, de un plazo de 15 días[7]. El inicio de estos períodos comienza a partir de la fecha de aceptación del cargo por el administrador y en el caso de que haya dos administradores, a partir de la aceptación del último de ellos.
Los administradores tienen un plazo de cinco días para aceptar el cargo, a partir del momento en que les sea comunicado el nombramiento, esto viene a paliar la práctica que existía en la antigua ley de suspensión de pagos[8], consistente en que los interventores judiciales demoraban la aceptación del cargo, como manera de ganar tiempo a la hora de elaborar el dictamen, y así evitaban el incumplir los plazos de presentación[9].
No debemos olvidar que, como paso previo, existe un período de alegaciones anterior a la formulación del informe que trata de evitar errores en el informe en la medida en que permite a los acreedores durante un período de tres días, realizar alegaciones sobre aspectos no jurídicos[10]. Esta obligación lleva aparejadas responsabilidades ya que la inactividad de la administración del concurso puede acarrear la exigencia de las correspondientes responsabilidades con el cese en el cargo, así como la imposibilidad de cobrar los honorarios pendientes incluyendo la devolución de los percibidos[11].
Sin embargo, la complejidad de los informes y el volumen de datos que supone en muchos casos su elaboración han obligado al legislador a establecer períodos de prórrogas tanto en el caso del concurso ordinario como en el caso del concurso abreviado. Para el concurso ordinario se establece un primer período de prórroga que será por dos meses máximo y a criterio del juez, previa petición que hará la administración concursal. Esto siempre que sea hecha antes del vencimiento del plazo inicial de 2 meses, y que deberá fundamentarse en la existencia de circunstancias excepcionales; aunque con una particularidad, que no es otra que a los administradores concursales que tengan tres o más concursos en tramitación no podrán solicitarla salvo alegando causas ajenas a su ejercicio profesional.
El legislador intenta evitar que estos profesionales aleguen de manera habitual el volumen de trabajo o la insuficiencia de recursos materiales o humanos, como consecuencia del volumen de trabajo. Por lo tanto, quedan así en este caso limitadas estas peticiones a cuestiones de fuerza a mayor o de índole personal[12]. En el caso del concurso abreviado la prórroga del plazo de presentación del informe será de quince días hábiles y deberá fundamentarse la petición en razones objetivas.
En el caso del concurso ordinario, a esa primera prórroga le es acumulable otra prórroga más, previa petición de la administración concursal y siempre por decisión del juez del concurso, debiendo darse una circunstancia, que es la existencia de un número de acreedores superior a dos mil. En caso de ser concedida, el juez fijará la duración de la misma, que en ningún caso superará los cuatro meses[13].
3. FASES DEL INFORME
3.1. Fase previa
Me he referido anteriormente a la obligación legal[14] por parte de la administración concursal de comunicar extraoficialmente, partes del informe, concretamente tanto de la lista de acreedores, como del proyecto de inventario, si bien en mi opinión, hubiera sido mucho más interesante haber calificado a ambos de “proyecto de informe”, en la medida que se trata de formulaciones, que precisamente se someten a esta información, al objeto de depurarlas.
Se trata esta de una obligación introducida en la reforma de 2011[15] y sugerida por la doctrina[16], y que sin duda obedece a una necesidad de evitar un rio de impugnaciones como consecuencia de errores aritméticos y omisiones, que antes de esta reforma solo podían resolverse por medio de impugnaciones, lo que en la práctica dilataba enormemente el procedimiento, ya que era necesario resolver todas estas cuestiones para poder llegar al informe definitivo y por tanto, parecía aconsejable que fuera la propia administración, la que a instancias de los afectados corrigiera estos defectos. No aparecen claramente en el texto de la ley, las consecuencias que pueden acarrear a los administradores el incumplimiento de esta obligación, más allá, de la que se puedan derivar de eventuales reclamaciones exigiendo su responsabilidad civil por los perjuicios dimanantes de esta falta de actividad.
De manera a mi juicio novedosa, tanto las informaciones a los acreedores como la formulación de alegaciones se hace manera electrónica y una vez resueltas por la administración concursal, son comunicadas a los acreedores a su dirección de correo electrónico[17], siempre que esta conste, independientemente del inserto que se hace en el Registro Público Concursal.
En definitiva, los administradores deben en función de la diligencia que les es exigible, proceder a las correcciones o por el contrario rechazarlas, pero de manera motivada, ahora bien, es necesario a la hora de entender la manera de llevar a cabo estas subsanaciones, que del tenor literal del precepto se deduce que estas están referidas necesariamente a errores sobre créditos de los que no solo han sido ya comunicados en tiempo y forma, sino que además, se trata de créditos sobre los que la administración tiene documentación ( en el texto legal se usa la expresión datos comunicados). Lógicamente y a tenor de lo ya dicho, no cabe usar esta fase para la comunicación de nuevos créditos.
3.2. Fase de presentación del informe inicial
En este caso nos encontramos ya ante el cumplimiento efectivo de la obligación legal que la administración tiene de presentar el informe al juez, asunto este que es notificado a las partes personadas y publicado en el Registro Público Concursal. Es necesario entender que en realidad la notificación es no tanto con la idea de facilitar a las partes una copia del documento, como el poner en su conocimiento que efectivamente se ha puesto a disposición de S.Sª el informe, y esto es así, en la medida que la norma establece que las partes obtendrán copias a su costa, de lo que se deduce que no se les facilita, si bien es cierto que en uso de las facultades que le atribuye al juez el artículo 95.3, el juez podría ordenar su publicación, en este caso en la página web de la sociedad, o en otro medios que se estimaran convenientes.
3.3. Fase de impugnaciones del informe
Las acciones de impugnación se limitan por ministerio de la ley exclusivamente a dos elementos; el inventario y la lista de acreedores.
La impugnación del inventario tan solo puede ir a la inclusión[18] o exclusión de bienes o derechos, o a obtener el aumento o la disminución en el avaluó de los mismo. El avaluó debemos entenderlo en un sentido amplio, en la medida en que se han de incluir las acciones de impugnación sobre otras cuestiones que tienen influencia en los bienes, como puede ser el caso de datos registrales, o la existencia de derechos reales, lo cual lleva implícitamente, que mediante la impugnación puede solicitarse la modificación en la valoración del avaluó que figure en el inventario[19].
Además de lo ya expuesto en materia de inventario conviene no olvidar que también es objeto de impugnación la lista de acreedores, donde se discute no solo la inclusión o exclusión de los créditos, sino que además se discute su correcta clasificación[20] y su cuantía. Si bien algunos créditos están específicamente excluidos del ámbito de la impugnación, ya que deben estar incluidos obligatoriamente en la lista de acreedores, en este caso será la actividad de la propia administración concursal la que deberá en procedimientos fuera del ámbito concursal impugnar estos créditos[21].
Finalmente, la jurisprudencia ha admitido la posibilidad por parte del juez, de incluir créditos no contemplados en la lista de acreedores, por no haber sido comunicados oportunamente, lo cual va más allá de la mera corrección de errores, que en un principio parecía ser el fin de este procedimiento[22].
Es interesante comprobar la legitimación activa y pasiva en este caso. Cuando se trata de legitimación activa, el artículo 96.1 establece dos categorías de legitimados; por un lado, las partes personadas en la sección cuarta del concurso, pero además incluye una categoría indefinida, a la que califica como “demás interesados” que incluye a todo tipo de acreedores[23], y que la propia jurisprudencia ha venido matizando considerándola en un primer momento de una manera muy amplia[24] en y que posteriormente ha matizado en el sentido de que debe tratarse de un interés propio, y que en nada incluye a un interés abstracto, como podría ser un interés en que los informes sean realizados correctamente, es decir es necesario que exista un nexo de causalidad. Bien es cierto que ese nexo causal sí admite interpretaciones curiosas; así Noval Pato pone el ejemplo de los trabajadores de una empresa que impugnan el inventario o la lista de acreedores al objeto de evitar, que los errores puedan perjudicar una posible recuperación de la empresa[25].
Entre los legitimados cabe preguntarse el caso del deudor y el de la administración concursal. En el caso del deudor, es obviamente una parte en el procedimiento y existen pronunciamientos en este sentido[26]; sin embargo, estas impugnaciones deben siempre mirarse desde la perspectiva del interés legítimo, pues a veces puede detectarse que por parte del deudor se atienden a otros intereses en perjuicio de los demás acreedores[27].
En lo tocante a la administración concursal, es obviamente parte en el concurso, pero no para impugnar su propio informe, situación está ciertamente rocambolesca, ni siquiera cuando el interés legítimo sea la corrección de sus propios errores[28].
En lo tocante a la legitimación pasiva, esta deberá dirigirse contra la administración concursal, que es la autora del informe, contra el concursado (la mayor parte de las veces) y contra aquellos acreedores a los que afecta directamente la impugnación en tanto parte de un “litis consorcio pasivo necesario”. Sobre este último asunto ni la doctrina ni la jurisprudencia son pacíficas[29], y hay pronunciamientos a favor y en contra, en la medida, que existen quienes sostienen que la legitimación pasiva no debe entenderse aplicable a cualquiera por el mero hecho de que pueda perjudicarse por estimarse una impugnación, ya que genéricamente la administración concursal como parte demandada defiende la veracidad y exactitud del informe y por tanto defiende los intereses de todos los acreedores reconocidos[30], pero al mismo tiempo existen resoluciones jurisprudenciales que consideran a todos los acreedores legitimados pasivamente, simplemente por el mero hecho de serlo[31].
Existe, además, la posibilidad de que el resto de partes personadas en el concurso puedan intervenir en los incidentes como coadyudantes[32].
3.4. Fase del informe final del concurso
El art. 96.5 de la Ley concursal establece la obligación de la administración concursal de introducir todas las modificaciones que se hubieran producido como consecuencia de haberse estimado alguna o algunas de las impugnaciones. Así, el tenor literal de la norma dispone:
“Se harán constar expresamente las diferencias entre el inventario y la lista de acreedores inicialmente presentados y los textos definitivos, así como relación de las comunicaciones posteriores presentadas y las modificaciones incluidas y otra actualizada de los créditos contra la masa devengados, pagados y pendientes de pago, con expresión de los vencimientos respectivos, todo lo cual quedará de manifiesto en la secretaría del juzgado”.
A resultas de lo anterior se debe presentar la modificación de la exposición motivada del informe inicial, lo cual como es lógico se sustenta en el hecho de que las modificaciones en la situación patrimonial del concursado a resultas de las impugnaciones, pueden suponer un cambio en las circunstancias del concursado y por tanto el informe emitido en su día puede resultar desfasado[33].
Desde un punto de vista procesal las impugnaciones se resuelven por el trámite de incidentes que la ley concursal prevé en el Capítulo Tercero del Título VIII (arts. 192 al 196), que en su última disposición establece, que las sentencias tendrán la consideración de cosa juzgada, en los términos previstos en el apartado primero del art. 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil[34].
El legislador introdujo en su reforma de la ley concursal de 2011 la posibilidad de comunicar créditos existentes antes de la declaración de concurso, pero comunicados después de haberse emitido el informe inicial. Esto supone en la práctica que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 96.bis[35] el informe final del concurso dista de ser el último, y la cuestión es sencilla, de acuerdo con lo establecido en la meritada disposición, la administración deberá resolver sobre estos créditos en el informe final, ahora bien se abre una vez presentado este informe un plazo de impugnación a estas inclusiones, lo cual viene a poner en duda este apelativo de “final”, ya que obviamente habrá que estar al resultado de la resolución de estos incidentes. Por otra parte, las modificaciones producto de estas impugnaciones solo se podrán introducir antes de la resolución que apruebe la propuesta de convenio o antes de que se presenten los informes de los artículos 152 (informes sobre liquidación) y 176 bis (conclusión por insuficiencia de la masa activa).
Podríamos pensar que a tenor de lo expuesto tan solo pueden impugnar el informe final los titulares de créditos comunicados tardíamente, pero lo cierto es que no son los únicos ya que la ley prevé otras excepciones en el caso de presentación de créditos después de la emisión del texto definitivo, como son los siguientes casos:
- Cuando después de la presentación del informe final se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que pueda resultar créditos de Derecho público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos.
- Cuando se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de un crédito concursal.
- Cuando se hubiera cumplido la condición o contingencia prevista o los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto administrativo, por laudo o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su naturaleza o cuantía.
En todos estos casos, los créditos una vez reconocidos, serán clasificados de acuerdo con su naturaleza sin que quepa el considerarlos subordinados.
4. CONCLUSIONES
Al reflexionar sobre el informe de la administración concursal debemos tener presente la complejidad que encierra este procedimiento y esto en varios sentidos de una parte, los concursos, suelen incluir a un gran número de personas, y, de otra parte, la complejidad que implica relacionar correctamente deudas y activos. Todo esto choca con dos escollos:
El primero es el tiempo, es cierto que se pueden pedir prorrogas, pero aun así a mi juicio los plazos son cortos, y es difícil pensar en el volumen de trabajo que supone clasificar e inventariar a miles de posibles acreedores y en el caso de grandes empresas relacionar todos los activos, con esa premura. Esa prisa por emitir el informe choca después con un “iter” judicial en el que deben resolverse multitud de incidentes (bien es cierto que se han recortado enormemente las vistas), en definitiva, ese apresuramiento puede estar en el origen de muchos de ellos. El legislador ha optado, en uno de los muchos parches que ha ido poniendo a la norma, por incluir una información previa destinada a combatir algunos errores como lo aritméticos o las omisiones, pero obviando hacer referencia a las consecuencias de los posibles incumplimientos por parte de la administración del concurso a la hora de subsanarlos y sobre la que en un principio no hay recurso en la medida en que es la administración la que los resuelve. En cualquier caso, supone un avance en la buena dirección, aunque solo sea por evitar impugnaciones y en definitiva alargar el procedimiento.
El segundo, que lo dificulta en gran medida, es la circunstancia de tratarse de un procedimiento que no trata sobre algo parado, quieto. Muy al contrario, los concursos están más que vivos en el caso de las personas físicas, aunque muy a menudo ostentan la misma condición en el caso de las personas jurídicas, de ahí que lo que parece terminado, no lo está. Es frecuente que otros procedimientos conectados con el concurso sobre todo de ámbito administrativo se resuelvan en momentos posteriores, lo que obliga a incluirlos en el informe. Es por este motivo que el informe semeja una criatura viva, que, muy a menudo, se desarrolla de manera que la propia administración del concurso difícilmente puede prever.
Todo lo antedicho, se refleja en la propia redacción del texto normativo, que abunda en adiciones y reformas y que aconsejaría a mi juicio la redacción de una nueva ley. En realidad, en este como en otros ámbitos lo verdaderamente interesante es comprobar a través de la experiencia (la jurisprudencia en materia concursal es abrumadora, debido a la reciente crisis económica) lo que funciona y lo que no. Y, por tanto, creo que ahora es el momento de hacer una nueva ley que permita que los procedimientos cumplan con el verdadero fin para el que se creó el concurso, que no es otro, que la satisfacción de los acreedores, pero consiguiendo en la medida de lo posible la supervivencia económica de los concursados.
Referencias bibliográficas
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Noval Pato, Jorge. El informe de la administración concursal. Madrid: La Ley, 2008.
Ruiz Monge, Laura y Luís Franco Betegón. “La legitimación pasiva en la demanda incidental de impugnación del informe de la administración concursal”. Diario La Ley 7466 (2010)
Tomás Cuéllar
Montes
Área de Derecho Mercantil
Departamento
de Derecho Privado
Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad
de Extremadura
Avda.
de Elvas, s. n.
Badajoz
(España)
tcuellarm@unex.es
https://orcid.org/0000-0002-9447-5079[36]