Doi:
https://doi.org/10.17398/2695-7728.35.249
UN CASO DE CONVERSIÓN EN CORREGIMIENTO DE LETRAS
DURANTE EL REINADO DE FERNANDO VII: LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL CORREGIMIENTO DE
HELLÍN
A case of conversion into the Corregimiento de Letras during the reign
of Fernando VII: the last years of the Corregimiento de Hellín
Dionisio A. Perona Tomás
Universidad de Castilla-La
Mancha
Recibido: 05/05/2019 Aceptado: 18/09/2019
Resumen
El oficial real en la vida municipal castellana
durante la Edad Media y Moderna más importante fue el corregidor. Una de sus
principales funciones era la judicial, aunque no siempre tenía estudios
jurídicos (muchos eran corregidores “de capa y espada”). Durante el siglo XVIII,
etapa en la que este oficial también está presente en la Corona de Aragón tras
los Decretos de Nueva Planta, se potenció el corregidor “de letras” (cuando
tenía estudios jurídicos). Algunos corregimientos “de capa y espada” se
convirtieron en corregimientos “de letras”, uno de ellos fue el de Hellín ya en
el reinado de Fernando VII en el siglo XIX. Ese proceso dio lugar a un
enfrentamiento entre diferentes grupos de la oligarquía local y el corregidor.
El Consejo Real de Castilla resolvió el expediente, sin atender a esas luchas.
Palabras clave:
Corregimiento, letras, capa y espada, Ayuntamiento, Propios y Arbitrios,
Consejo Real de Castilla.
Abstract
The most important official in Castilian
municipal life during the Middle and Modern Ages was the corregidor. One of his
main functions was the judiciary, although he did not always have legal studies
(many were “de capa y espada” corregidores). During the 18th century, a period
in which this officer was also present in the Crown of Aragon after the Nueva
Planta Decrees, the corregidor “de letras” was promoted (when he had legal
studies). Some corregimientos “de capa y espada” became corregimientos "de
letras", one of them was Hellín already in the reign of Fernando VII in
the 19th century. This process gave rise to a confrontation between different
groups of the local oligarchy and the corregidor. The Royal Council of Castile
resolved the file, without attending to these struggles.
Keywords: Corregimiento, arts, cloak-and-dagger, City
Council, Own and Arbitrage, Royal Council of Castilla.
Sumario: 1. Introducción. 2. Los orígenes del
corregimiento. 3. Un corregimiento atípico. 4. Rivalidades en el Ayuntamiento.
5. El expediente de conversión: 5.1. El inicio; 5.2. Los informes; 5.3. Los
bandos y el contencioso; 5.4. La resolución. 6. La Etapa Liberal y la Década
Ominosa. 7. Conclusiones.
1. INTRODUCCIÓN.
Esta colaboración pertenece por
su temática al ámbito local e institucional; y por sus coordenadas cronológicas,
al final del Antiguo Régimen, coincidiendo con los ensayos para la implantación
del Estado Liberal.
El ámbito espacial se circunscribe a la
localidad de Hellín, perteneciente en la actualidad a la Provincia de Albacete
y, por tanto, a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; sin embargo,
históricamente, formó parte del Reino de Murcia y también fue una villa
integrada durante la Baja Edad Media en el Marquesado de Villena[1].
El conocimiento de su pasado es
problemático por la desaparición de algunas fuentes fundamentales, en especial
de su antiguo Archivo Municipal. Salvo algunos documentos aislados, las series
comienzan a estar completas a partir de la Restauración. El tema que nos ocupa
corresponde al reinado de Fernando VII, no contando con fuentes tan importantes
como las actas municipales. Los documentos utilizados para este estudio son
cuatro expedientes localizados en el Archivo Histórico Nacional, concretamente:
Consejos leg. 13.609, donde se encuentran noticias generales sobre el
corregimiento de Hellín; Consejos leg. 3.172 exp. 16, plantea el problema para
la toma de posesión de una regiduría con honores de alcalde mayor; Consejos
leg. 3.412 exp. 12, es la fuente fundamental de este estudio, ya que contiene
el expediente de la conversión del antiguo corregimiento “de capa y espada” de
Hellín de segunda clase o ascenso en uno “de letras” de primera clase o
entrada; FFCC Ministerio de Justicia leg. 4.684-1 exp. 6.251, en el que está el
expediente del hellinero D. Francisco de Soria y Soria, antiguo Fiscal del
Consejo de Castilla y autor de un informe que fue la base para la resolución de
esta conversión. A estas fuentes primarias se suma la bibliografía que aparece
reseñada en el lugar oportuno a lo largo del trabajo.
La temática institucional se
centra en el estudio de un corregimiento y, por tanto, de la persona que lo
desempeñaba. El corregidor fue un oficial o, mejor, el oficial real por
antonomasia en las ciudades castellanas desde la Baja Edad Media[2], un personaje que lo era
prácticamente todo en la vida municipal (juez tanto ordinario como delegado del
rey y de alzadas; presidía y convocaba al Ayuntamiento; dictaba ordenanzas;
cuidaba del orden público y del abastecimiento; supervisaba la hacienda local;
teniendo en ocasiones atribuciones militares)[3], de duración anual en sus
inicios y sometido a control, sobre todo, al finalizar su mandato mediante el
juicio de residencia. Hubo, como es sabido, dos tipos de corregidores: “de capa
y espada o políticos” si carecían de estudios jurídicos, asesorados normalmente
por letrados llamados tenientes o alcaldes mayores; y “de letras”, cuando si
tenían esos estudios y no precisaban, por tanto, de tenientes o alcaldes
mayores.
La duración del cargo se fue
incrementando a un trienio que se podía prorrogar por otro, hasta llegar al
sexenio con la reforma de 1783 durante el reinado de Carlos III. Esta reforma
mantuvo la división tradicional entre corregimientos “de capa y espada” y “de
letras”, pero al tiempo estableció una auténtica carrera burocrática, pues cada
uno de los dos grandes tipos de corregimientos quedó clasificado en tres
grupos: de 1ª clase o entrada, eran los de inicio de la carrera, los primeros
destinos; de 2ª clase o ascenso, tras haber cumplido la etapa servicio en el
grupo anterior; de 3ª clase o término, eran los destinos finales y la
culminación de la carrera de un corregidor ya con experiencia y una larga
trayectoria. Esta reforma potenció los corregimientos de letras sobre los de
capa y espada, que siguieron existiendo. El corregidor continuó tras la Guerra
de la Independencia en los períodos absolutistas de Fernando VII, si bien en
las etapas liberales, por la separación de poderes, ya se anuncia su sustitución
por el juez de primera instancia, al menos en su función de justicia.
Uno de esos corregimientos fue
el de Hellín, con unas características que lo hacen, como poco, peculiar o, al
menos, atípico, ya que durante un largo tiempo la designación de sus titulares
estuvo a cargo del Presidente del Consejo de Castilla; al tiempo que, pese a
ser un “corregimiento de capa y espada”, careció de teniente por la
insuficiencia de los Propios del municipio para soportar la carga económica que
suponían los salarios de dos oficiales; esto hizo que ya en 1783 se plantease
su conversión en “corregimiento de letras”, pero hubo que esperar al reinado de
Fernando VII para que se llevase a cabo, como vamos a ver.
2. LOS ORÍGENES DEL CORREGIMIENTO
El Marquesado de Villena, tras
su incorporación a la Corona en 1480[4], dio lugar a la “Gobernación
del Marquesado de Villena”[5] con capital en San Clemente.
Durante más de un siglo (1480-1586) mantuvo su estructura casi sin variaciones,
si bien su gran extensión obligó a dividirla en dos partidos (el “Partido de
arriba” al que pertenecían las poblaciones de la diócesis de Cuenca; y el
“Partido de abajo” que comprendía las localidades de la diócesis de Cartagena).
Estos partidos fueron el antecedente de dos futuros corregimientos que aparecieron
a finales de 1586: “el corregimiento de San Clemente” o “de las diecisiete
villas”, y el “corregimiento de Chinchilla y Villena” o “de las dos ciudades y
nueve villas”, con capital nominal en Chinchilla si bien los corregidores
residieron normalmente en Albacete (al menos, entre 1586 y 1645, viviendo el
alcalde mayor en Chinchilla). Este corregimiento de “capa y espada” tenía
jurisdicción sobre las ciudades de Villena y Chinchilla y las villas de
Albacete, Almansa, Hellín, La Gineta, Tobarra, Sax, Ves, Yecla y La Roda (esta
localidad, a diferencia del resto, pertenecía a la diócesis de Cuenca).
Un hecho importante en el
devenir de este corregimiento tuvo lugar en 1645; en ese año, quedaron eximidas
de la jurisdicción del corregidor seis villas (Albacete, Hellín, La Gineta, La
Roda, Ves y Tobarra), en las que sólo tendría a partir de entonces, con el
alcalde mayor, la apelación y “vista con término de nueve días”, si bien
mantuvo sus atribuciones de gobierno y administración en esos lugares, donde las
oligarquías locales vieron reforzado su poder. Como consecuencia de esta
situación el corregidor residiría a partir de entonces en Chinchilla y el
alcalde mayor en Villena. Unos años más tarde, concretamente, en 1665, Hellín
se segregó y dio lugar a su propio corregimiento por cuestiones de orden
público[6].
3. UN CORREGIMIENTO “ATÍPICO”
El corregimiento de Hellín,
junto con los de Linares e Iniesta con Villanueva de la Jara, era provisto por
el Presidente o Gobernador del Consejo de Castilla sin intervención de la
Cámara en sus principios[7]. Este tipo de tramitación se
mantuvo hasta mediados del siglo XVIII, cuando ya se hizo como con el resto de
los corregimientos[8]. El de Hellín era “de capa y
espada”, es decir, su titular solía ser un antiguo militar que carecía de
estudios jurídicos; esta deficiencia normalmente se cubría designando el
corregidor un teniente o alcalde mayor que si tenía la condición de letrado. La
anomalía del corregimiento de Hellín venía dada por la carencia de ese teniente
o alcalde mayor, dada las limitaciones de los Propios del municipio incapaces
de soportar los dos salarios[9]. Con la reforma de Carlos III
de 1783, el corregimiento de Hellín quedó clasificado como “de capa y espada”
de segunda clase o ascenso, equiparado a los de Ronda, Canarias y Plasencia[10]; esta reforma potenciaba los
corregimientos de letras, y en la Real Cédula de 21 de abril, en su capítulo 10
se hacía referencia expresa al de Hellín para su reforma:
“X. Que el Consejo cuide también de proponer las Varas de Alcaldes Mayores que convenga erigir en algunos Pueblos por el estado de sus vecindarios y proporción de dotarlas, y señaladamente en los de Salobreña y Almuñécar para dividirlas, y en Hellín, Monzón, Alcañiz, Peñíscola, Zervera, y Talarn, como en cualquiera otros semejantes, en que por haber solo Corregidores Militares o de Capa y Espada, se gravan los Pueblos con derechos de asesorías; y, hechas estas erecciones, se pasarán noticias a la Cámara para colocar cada Vara en la clase a que corresponda, y consultarla según ella”[11].
Esta normativa dio lugar a un
expediente que se resolvió de forma negativa en octubre de 1787[12], Hellín siguió siendo un
corregimiento de capa y espada de segunda clase o ascenso que carecía de
teniente o alcalde mayor letrado.
La Guerra de Independencia pudo
alterar esta situación, pues la Regencia designó a D. José Luis Mira como
corregidor letrado en Hellín, quien posteriormente pasó a ser alcalde mayor de
Cartagena[13]. El regreso de Fernando VII
supuso la vuelta a la situación anterior a la contienda a través del decreto de
4 de mayo de 1814, refrendado por el Secretario de Estado y del Despacho de
Gracia y Justicia D. Pedro Macanaz, natural de Hellín y nieto de D. Melchor
Rafael Macanaz[14]. Pero ese decreto de alguna
forma era “imperfecto”, siendo completado y perfeccionado por otros que hacían
referencia a instituciones concretas; para el régimen municipal hay que señalar
dos: una real cédula de 25 de junio y otra de 30 de julio de 1814. Por la
primera se mandaba que continuasen los Ayuntamientos hasta el pleno
restablecimiento de los antiguos con dos condiciones: ejercer las competencias
tal como pudieron hasta 1808 y borrar de las actas las elecciones
constitucionales (también continuarían los jueces de primera instancia y de
partido con el nombre de alcaldes mayores o corregidores, se restablecían las Audiencias
y Chancillerías según la planta de 1808; extinguía las Diputaciones, volviendo
sus funciones a las autoridades a las que pertenecían antes de su
establecimiento; y se reservaba el rey proveer para más adelante sobre la
libertad de imprenta)[15]. Por la segunda[16] se disolvían los Ayuntamientos
constitucionales, volviendo al 18 de marzo de 1808; se suprimían los alcaldes
ordinarios llamados constitucionales; se restablecían los Ayuntamientos a la
planta de 1808; para evitar embarazos e inconvenientes, se ponían en posesión
de los empleos a los que los obtuvieron en 1808; la regulación de los
corregidores y alcaldes mayores, en el capítulo 6, quedaba así:
“6º. Que por convenir así al servicio de Dios y al mío y al bien de mis pueblos se restablezcan todos los Corregimientos y Alcaldías mayores de Real nominación al ser y estado que tenían en el propio año de 1808, con las mismas facultades en lo gubernativo y contencioso que les estaban declaradas, sin que se les impida el uso y ejercicio de ellas por los Capitanes o Comandantes generales de las provincias, que deberán ceñirse en esta parte a las que les competían a principios del expresado año de 1808”[17].
Hellín volvía a ser un
corregimiento de capa y espada de segunda clase o ascenso sin teniente o alcalde
mayor.
4. RIVALIDADES EN EL AYUNTAMIENTO
Pese a los deseos del gobierno,
no se podían borrar seis años por decreto. Habían sucedido cosas muy
importantes en el conjunto de España y en cada uno de sus lugares; pero junto a
hechos heroicos y de gran trascendencia, también hubo lugar para las disputas y
las cuentas por saldar, y Hellín no fue una excepción. Hay noticias de
enfrentamientos entre bandos en el Ayuntamiento en los años previos a la
guerra, situación que se agudizó con el conflicto y años posteriores.
Un ejemplo fue el de D. Gerónimo
Rodríguez y Rodríguez, teniente retirado de los Reales Ejércitos, al intentar
tomar posesión de su oficio de regidor y alcalde mayor honorífico. D. Gerónimo
compró el oficio a su hermano D. Francisco por 3.000 reales, mediante escritura
dada en Hellín el 6 de julio de 1802 ante el escribano Francisco Antonio
Clemente Díaz, con título de 7 de abril de 1808. Según éste no podía votar en
los ayuntamientos cuando lo hiciese su primo hermano D. José Rodríguez (conforme
a lo resuelto sobre el modo de votar en los ayuntamientos los regidores que
tienen parentesco entre si, según Real Orden de 13 de julio de 1790),
disfrutando sólo el privilegio y preeminencia de rondar de noche, como lo hacía
el alguacil mayor, sin más jurisdicción de hacer la causa esa noche y remitirla
a la justicia ordinaria para que la prosiguiese y acabase, con calidad de que
por este oficio tuviese antigüedad y precedencia a todos los que entraren en el
Ayuntamiento de la entonces villa excepto el alférez mayor y el alguacil mayor
y los dos oficios de regidores acrecentados con preeminencias que se habían
vendido, pudiendo el titular de este oficio entrar y asistir al Ayuntamiento
con espadín, así como ejercer la escribanía de millones o su tesorería, con la
facultad de nombrar teniente en las ausencias, siendo también un oficio
hereditario. A esto se limitaban sus precedencias pese a ser alcalde mayor
honorífico (conviene tener presente este oficio, cuando precisamente la
conversión que estudiamos tuvo su origen por la petición de crear un oficio de
alcalde mayor).
El problema vino cuando intentó
tomar posesión el 13 de octubre de 1814 alegando las críticas circunstancias
pasadas. El asunto se vio en el ayuntamiento de 7 de noviembre bajo la
presidencia de D. Mariano Rodríguez de Vera, alférez mayor perpetuo y regente
de la Real Jurisdicción ordinaria por ausencia en comisión del corregidor
propietario, entendiendo que, según la Novísima Recopilación, los títulos de
regidores despachados por renuncia de ellos se debían presentar a los concejos
dentro del preciso término de 60 días so pena de no poder usar de ellos y de
que los perdiesen los que los renunciaron. Al día siguiente el interesado
solicitó conocer las causas por las que había sido denegada su admisión. Once
meses más tarde, el 12 de octubre de 1815, se volvió a ver el asunto en el
ayuntamiento, entonces presidido por el corregidor D. José de Angulo, con los
dictámenes de los licenciados D. Fernando Cano y D. Fausto Rodríguez Escobar y
el del doctor D. José Rafael Guerrero. Los dos primeros se mostraron contrarios
a la admisión. En cambio, el tercero expuso estas razones a favor:
“El Dr. D. José Rafael Guerrero dijo: Que D. Gerónimo Rodríguez debe ser puesto en posesión inmediatamente lo primero porque el oficio de regidor que presenta lo admitió por venta y no por renuncia, y que las leyes del Reino que rigen en la materia terminan solo acortar los abusos que se cometían antes de la promulgación de la última cédula a saber que el renunciante acostumbraba a ejercer su oficio ínterin se habilitaba a la persona en que renunciaba y aún después. Lo segundo porque en el título que se le concedió se le dispensan a sus sucesores de las informalidades prescritas en dicha última real resolución por consiguiente siendo este un privilegio debe extenderse al D. Gerónimo Rodríguez abundando caso que le comprendiera. Tercero porque las pasadas circunstancias de revolución, irrupciones de enemigos y mutabilidad del gobierno han impedido a cualquiera persona honrada con provisión entrometerse en negocio público y aun cuando desde la venida de Nuestro Augusto monarca el señor D. Fernando VII ha habido tiempo para que lo presentase y parece que cesaron las razones arriba dichas no obstante como militar y labrador no le ha podido perjudicar la ignorancia del Derecho, y su presentación fue hábil y oportuna, y más si se considera el corto trascurso que ha desde mediados de agosto en que se restableció la planta antigua de regidores al mes de octubre en que exhibió su oficio y solicitó la posesión”[18].
Posteriormente se votó,
siguiendo la discrepancia, por lo que se acordó consultar al Consejo de
Castilla. Mientras, D. Gerónimo, a través de D. Santos del Molino, hizo una
representación al Consejo en la que justificaba su tardanza para presentar el
título por las desgracias de la revolución y el desorden, llegando a ocultar el
título para librarse de la rapacidad de los franceses, y sólo cuando vio
restablecido en el trono a su legítimo rey y renovados los antiguos Ayuntamientos
por su decreto de agosto de 1814, intentó entonces posesionarse de su oficio,
hallando resistencia en el Ayuntamiento por los sesenta días de plazo, alegando
entonces las luchas en el municipio:
“No es posible bien penetrados de su justicia los individuos del Ayuntamiento de Hellín pero resisten la entrada de mi principal en él porque temen que su rectitud y justificación deshaga los fraudes y ocultos manejos que se cometen, y más que todo el que promueva la separación de alguno que sin título legítimo y con tachas legales está desempeñando su oficio de regidor. Esta y no otra es la verdadera causa de su resistencia, y por lo mismo el Consejo hecho cargo de esta verdad y de infundada cavilosidad en que fundan aquella, la desestimará y mandará desde luego poner en posesión de su oficio a mi principal con arreglo a lo decretado por S.M. de 7 de abril de 1808”[19].
Por su parte, el corregidor
Angulo envió su informe al Consejo Real el 24 de octubre, del que conviene
destacar estos párrafos:
“Esto parece sucede puntualmente en el caso presente fomentando una duda que no la hay y el objeto está claramente descubierto ser el de impedir la entrada en Ayuntamiento a cualquiera persona que pueda detener las ideas y máximas de los que apoderados del mando por las turbaciones pasadas intentan vincularlo para continuar los abusos y desórdenes tan experimentados durante él, sobre que reservo documentos antiguos para acreditarlo cuando convenga pudiendo asegurar a V.A. por experiencia de los que he remediado desde veinte de agosto anterior que tomé posesión del corregimiento que apenas pudieran creerse especialmente en cuando a la administración de justicia, repartos y contribuciones, estando siempre reunidos y conformes en sus dictámenes como lo demuestra el contexto de los acuerdos capitulares y de otros varios que he presenciado.
Para proporcionar algún remedio convendría el ingreso en el
Ayuntamiento de personas que no estén adictas a las máximas del mayor número de
capitulares y que el D. Gerónimo Rodríguez, por su estado, edad, carrera
militar y demás circunstancias pueda llenar aquel objeto en beneficio del
pueblo y a su imitación solicitarían tal vez entrar otros que tienen título sin
usar por no ser víctimas del despotismo.
Parece debo hablar con esta franqueza y libertad cristiana si he de cumplir con las obligaciones que me imponen mi título, juramento y la instrucción de corregidores que tengo siempre a la vista”[20].
Es posible que tuviese ocasión
de arrepentirse de este informe, ya que D. Gregorio se unió al grupo de su
sobrino D. Manuel, que encabezaba la oposición al corregidor, como tendremos
ocasión de comprobar más adelante
Hubo otra reunión del
Ayuntamiento el 11 de noviembre de 1815, ya que el Consejo de Castilla pidió
información el 30 de octubre, volviendo a quedar dividido entre los favorables
a la posesión (D. José Rodríguez y D. Antonio de Moya) y los contrarios (D.
Ramón Núñez Montesinos[21], alguacil mayor, y D. Pedro
Pablo Falcón, regidor). Estos últimos presentaron al Consejo un memorial, por
medio de Francisco Meléndez, en el que atacaban despiadadamente a D. Gerónimo
Rodríguez, recordando su pasividad en los acontecimientos ocurridos a partir de
1808 (“se mantuvo siempre pasivo e
indiferente sin tomar parte en nada y mirando con la mayor apatía los insultos
repetidos que se hicieron al Ayuntamiento, es decir, que prefirió su propia
conveniencia a contribuir por su parte a hacer más llevaderas las angustias y
penalidades con que tantas veces se vio afligido el pueblo a pesar de los esfuerzos
de sus representantes”, “desmiente
sus derechos con la conducta que ha observado hasta aquí, y si en 1808 renunció
el empleo de procurador síndico general por su inutilidad, mal podrá en 1815
desempeñar el de regidor que exige aún más aptitud y disposición para llenar
debidamente sus funciones”).
A la vista de todo esto, pese a las acusaciones de
parcialidad y falta de lealtad del pretendiente, el Consejo resolvió:
“El Ayuntamiento de la villa de Hellín ponga inmediatamente en posesión de su empleo de regidor y alcalde mayor honorífico a D. Gerónimo Rodríguez bajo la multa de mil ducados que se exigirán irremisiblemente a cualquiera persona que se opusiere y al efecto se libre el despacho correspondiente. Madrid veintinueve de marzo de 1816”[22].
5. EL EXPEDIENTE DE CONVERSIÓN
5.1. El inicio
Una vez cumplido el sexenio por
D. Fernando Reinoso, teniente de fragata retirado, que pasó a ser corregidor
más tarde en Jerez, la Cámara hizo su propuesta el 27 de de febrero de 1815
para el corregimiento de Hellín, regulado en 12.800 reales por sueldo y
emolumentos. En primer lugar, aparecía D. Juan Campos Molina, si bien el
camarista D. Antonio Villanueva proponía a D. José Zaldívar; en segundo lugar,
D. José Angulo, con la propuesta de Villanueva a favor de D. Manuel de Santo
Domingo; y, en tercer lugar, D. Fermín García Tejador, prefiriendo Villanueva a
D. Joaquín Lumbreras. Fue nombrado D. José de Angulo, quien tomó posesión el 20
de agosto tras algunas prórrogas[23].
El nuevo corregidor era teniente
de Marina retirado, teniendo que afrontar muchos procesos y encarar las
banderías locales. Es muy posible que su carácter tampoco ayudase mucho a
solventar una situación y convivencia complejas[24]. Lo cierto es que no debió
tener mucho éxito, y apenas 15 meses desde su toma de posesión, un destacado vecino
presentaba este memorial al Rey:
“Señor: D. Mariano Rodríguez de Vera, alférez mayor y regidor perpetuo de la villa de Hellín, en el Reino de Murcia, sumisamente a V.M. expone: que la expresada villa no tiene otro juez para el despacho de los negocios contenciosos, y para el gobierno económico y político que un corregidor de capa y espada, que aunque con el auxilio de los individuos que componen el Ayuntamiento, puede dar expediente a los asuntos correspondientes a estos dos últimos ramos, sin mayores perjuicios no puede vado a los del primero sin irrogarlos muy considerables. Como esta plaza siempre recae en sujeto no letrado, tiene que asesorarse con los que lo son, y si se acompaña con los de la villa, las relaciones de parentesco, las amistades, y otros respetos hacer perder el equilibrio a la balanza de la justicia, como con dolor se ve frecuentemente, ya porque no aventuran la pérdida de ningún destino, pues que lo tienen, y ya porque aunque sus asesorados pasen a la censura de la Real Chancillería de Granada por medio de la apelación de éste, como en todos los tribunales superiores siempre benignos, y muy circunspectos no suele castigar los hierros de los asesores a no ser que rebosen una clara ignorancia, o una refinada malicia. Si las partes litigantes recusan a los letrados de la villa, según sucede con frecuencia por la desconfianza que les inducen los motivos que van indicados se tropieza con otro perjuicio de no menor consideración a que tiene que asesorarse el corregidor con letrados de fuera de ella, que los más cercanos están a una distancia de cinco leguas, y sobre tener algunos de ellos sus relaciones en Hellín, los derechos de recusaciones, nombramientos, peonajes y asesorías, prescindiendo del riesgo a que se exponen los procesos, motivan a los interesados crecidos gastos, que ahorrarían creada una plaza de alcalde mayor. Este establecimiento parece indispensable, y conforme a las soberanas intenciones, en la expresada villa, ya por su numerosa población, que se compone de mil y quinientos vecinos, a lo menos, porque con él cesarían todos los perjuicios que van indicados, ya porque tomarían otro aspecto los interesantes ramos de economía y policía, ya porque los asuntos contenciosos llevarían otra marcha muy regular, expedita y económica, y ya porque los propios y arbitrios, ofrecen medios suficientes para su competente dotación, mediante el producto que rinden anualmente regulado por un quinquenio, puede regularse prudentemente en unos cuarenta mil reales, aunque a éste se pagan cuatrocientos ducados anuales al corregidor, seiscientos a los médicos, cincuenta al preceptor de Gramática, y cuatrocientos al escribano de Ayuntamiento, aunque queda un superávit de veinticuatro mil cien reales de fondo, suficiente para la dotación del alcalde mayor, y para otras ocurrencias y atenciones de aquel común de los vecinos, fuera de que en este caso pudieran ahorrarse la dotación del corregidor porque vendría a ser una plaza superflua, y de todos modos siempre parece que debe reducirse la de la escribanía del Ayuntamiento, mediante que aunque fue consignada en el tiempo de las Cortes, carece de la real aprobación, y con los sueldos que disfruta el primero y con el que se debe cercenar al segundo, queda bastante dotación para la Alcaldía mayor y expedito en los mismos términos que se halla todo el sobrante de los fondos de propios y arbitrios, aunque subsista el corregidor, siempre es ventajoso dicho establecimiento, supuesto que el alcalde mayor ha de ser su asesor nato, con lo que se ahorran muchos gastos y daños a los litigantes, y que éste se ha de conducir con justificación y pureza, estimulado del interés de prosperar en su carrera, cuyo aliciente no puede influir en los letrados del pueblo que tienen allí su arraigo, y no piensan abandonarlo. Estas cortas reflexiones que descansan sobre datos positivos y notorios como lo pueden informar los procuradores síndico general personero, y diputados de aquel común, pero no los regidores por la íntima amistad que tienen con el corregidor, y por la uniformidad con que en todo se conducen, según es público, y como también lo pueden informar todas las justicias de los pueblos de la circunferencia persuaden por si solos y sin necesidad de molestar la alta consideración de V.M. con otras muchas que son obvias, y no resultan a su sabia penetración, la conveniencia, utilidad y necesidad del expresado establecimiento, y que por lo mismo se está en el crítico caso de acceder a él con arreglo al artículo décimo de la Real Cédula de veintiuno de abril de mil setecientos ochenta y tres. Por tanto a V.M. suplica se digne pedir los informes que sean de su real agrado sobre los particulares expuestos, y resultando de ellos su certera en la parte que la servía justificación considerarse bastante, crear una plaza de alcalde mayor en la villa de Hellín, con la dotación que sea de su real agrado sobre el superior de los fondos de propios y arbitrios, o por repartimiento de sus vecinos. Así lo espera del paternal interés que V.M. toma por el bien general de sus pueblos, y por el particular de los vasallos de que se componen. Madrid cinco de noviembre de mil ochocientos dieciséis”[25].
El memorial fue remitido con
acuerdo de la Cámara de Castilla a la sala de gobierno del Consejo de Castilla
para que tomase las providencias convenientes[26]. Allí se vio el 21 de
noviembre, acordando que pasase a la Chancillería de Granada, para que oyendo a
la villa de Hellín, y tomando las noticias oportunas, informase al Consejo de
lo que se le ofreciere y pareciere en el asunto con la mayor brevedad posible
(esto se hizo el 26 de febrero de 1817).
5.2. Los informes
La Chancillería se puso en
contacto con distintas autoridades pidiendo noticias sobre el particular. Una
de ellas fue el alcalde mayor de Jumilla, D. Francisco Javier Morales de los
Ríos, quien antes de evacuar su informe pidió testimonio a varias personas el
18 de marzo de 1817, como: D. Jacobo María de Espinosa, capitán retirado[27]; D. José María Tomar y Soria[28], el licenciado D. Francisco
Castellanos de Moya[29]. En base a ello elaboró un informe
favorable al establecimiento de juez de letras dos días más tarde[30].
Por su parte, el alcalde mayor
de Tobarra, D. Antonio Roca y Bayot, solicitó información al corregidor de
Hellín el 27 de marzo[31]. El corregidor de Hellín dictó
un auto ese mismo día para dar satisfacción al alcalde mayor de Tobarra[32], ordenando que el escribano
público Francisco Ruiz Sánchez respondiese a las cuestiones planteadas. Éste
afirmó, de acuerdo al empadronamiento general de vecinos de 1816, el 29 de
marzo, que Hellín con sus anejos partidos (Barajas, Molinos, Isso, su Prado,
Agra, Camarillas, Cancarix, Minateda y Rincón) tenía 1741 vecinos. Certificaba:
“Que habiendo reconocido más diligencias practicadas por peritos inteligentes en dieciocho de noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco ante la Junta de esta dicha villa, en uno de sus particulares en que se identifica el término de esta villa, se expresa en este que ocupará este término de levante a poniente cinco leguas, de norte a sur dos y media de circunferencia, y que por lo penoso de su terreno se andarían en dieciocho horas; que linda por levante con la villa de Cieza y Jumilla, y lo divide un mojón de cal y canto, siguiendo a la Sierra que llaman del Picacho del Puente, de allí a la Sierra Cabeza de tienda, desde ésta al Collado de las Dos Hermanas, al de la Casa de Montesinos donde entra el norte, siguiendo la Cueva Negra hasta llegar al mojón de la Huesa, lindando con los términos de Albatana y Jumilla, y desde allí al Cerro del Castellón que divide los términos de Tobarra y el mismo Albatana, desde éste al de Fuente García hasta el Collado del Gallo, siguiendo al Cerro de las Cruces que divide los términos del mismo Tobarra, Albacete y Las Peñas, de allí al Pozo de la Higuera por donde entra el poniente, lindando con el término de Liétor, de allí al Cerro que llaman de Ruy Sánchez, desde éste a la Sierra de Peña Lavada, desde ésta a la Cañada del Judío y lo divide el término de Socovos por donde entra el sur, lindando con el término de Moratalla que lo divide el río Segura hasta llegar a la Casa de Perales, que lo divide también el término de Calasparra, desde allí a la Sierra de Cabeza del Asno, Puerto de la Mala Mujer, término de Cieza, su figura la del margen”.
En cuanto a la jurisdicción del
corregidor:
“Doy fe que habiendo reconocido varios documentos, por ellos se acredita que los caballeros corregidores de esta villa son y han sido jueces protectores subdelegados de las Reales Minas de Azufre que en esta jurisdicción se administran de cuenta de la Real Hacienda (y según se me ha manifestado por el presente señor corregidor, y tengo entendido por los anteriores hasta D. José Gabriel del Águila, que tomó posesión en el año de mil setecientos noventa y ocho que han gozado de renta anual de cincuenta ducados, y que el señor corregidor no ha recibido hasta el día cosa alguna por dicho sueldo). Que también lo es el actual señor corregidor y sus señores excorregidores que le antecedieron D. José Gabriel del Águila y D. Fernando Reinoso subdelegados de los ramos de caballería del Reino y de Montes y Plantíos, a cuyas subdelegaciones en la primera se hallan agregadas las villas de Tobarra, Ontur, Albatana, Agramón y Jumilla; y a la segunda, que es la de Montes, en el día las mismas villas de Agramón, Ontur y Albatana, y las de Montealegre, Alpera y Carcelén. Que dichos montes no son dependientes de la Intendencia de Marina, de las que y por ellas no se goza de renta ni salario alguno y de emolumentos, sino en el caso que haya multas y condenaciones. Y remitiéndome a los documentos de ambos ramos en diez años no he encontrado causas en que hayan resultado multas ni condenaciones, y por lo mismo no ha habido ingreso alguno. No siéndome posible dar cálculo alguno aproximado de los ingresos que tenga la vara por estos ramos más que el que llevo expresado”[33].
En base a estos y otros datos el
alcalde mayor elaboró su informe para la Chancillería, advirtiendo que
“de las diligencias que en su virtud se han obrado, aparece que tanto por la confusión de unas, cuanto por haberse omitido otras no presta el expediente los debidos conocimientos”, dando por ello “sobrados motivos” para dar por ciertos los señalados en la representación de Rodríguez de Vera. Así “sea la primera reflexión el haberse formado quinquenio por el último de ochocientos diez a ochocientos dieciséis para depurar el sobrante del caudal de los Propios y Arbitrios de Hellín. En este quinquenio como que por la destrucción de ganados, casi general, con el motivo de la guerra desoladora que hemos sufrido, no ha habido particularmente en esta provincia vecinos ni forasteros que pasten las dehesas, de aquí es el poco ingreso de caudales que han tenido los Propios, en donde entra su importe a que se agrega la baja y alcance en contra de los derechos caudales que resulta y forzosamente debe resultar, así por la razón apuntada, como por la ninguna entrada que hubo en el año de trece y cortísima del año de doce, como se evidencia del auto levantado por el corregidor de Hellín a virtud del oficio que le pasé, y en el que expresamente manda que el testimonio que le reclamaba, se librare sin intervención de la Junta de Propios, como yo pedía, con el fin de evitar el inconveniente que se toca de haberse librado por el último quinquenio, que necesariamente debe ser el más bajo por las reflexiones anteriores, a que se agrega la observación que se hace en las cuentas del año dieciséis, pues ya aparece de ellas que por el ramo de pastos ingresaron en Propios cuarenta y un mil trescientos sesenta y ocho reales y veintidós maravedíes…”.
Destaca la omisión por el
corregidor de los testimonios solicitados sobre asesorías, pero como hechos
públicos
“son frecuentes las remesas de autos con dicho objeto a Murcia, Moratalla, Chinchilla, Peñas de San Pedro, Jumilla; distando el primer pueblo de Hellín quince leguas, el segundo nueve, el tercer seis, y los dos últimos cinco, siguiéndose de aquí los crecidos desembolsos de las partes en el pago de Propios, quienes con sus detenciones entre tanto que los autos se ven por el asesor, o por no encontrar a éste y otros accidentes que frecuentemente ocurren, perciben por lo regular dos terceras partes más que el importe de los proveídos. Estos hechos constan a V.A. como y también la suma considerable a que ascienden los derechos de vistas repetidas por las recusaciones, que se hacen coste en conducir los expedientes a otra parte, si los asesores se excusan, y lo peor de todo, es el atraso que se experimenta en los negocios cuyo breve curso está tan recomendado por las leyes, y lo expuesto que están los expedientes a perderse, ya por un descuido de los propios conductores, y ya por ser éstos acometidos por las partes que se presumen agraviadas, salteadas u otro cualquiera accidente de semejante naturaleza, en cuyos casos tal vez no esté segura la vida del conductor”[34].
Considerando por todo que:
“Los vecinos de Hellín, y principalmente los
sujetos pudientes y de principal rango, consta de público y notorio, en toda la
circunferencia, que no observan entre sí la mejor armonía, pues divididos en
partidos, aun los mismos individuos que componen el Ayuntamiento, no pueden
atender a tratar ni proporcionar al público las debidas ventajas, y cuya verdad
consta a V.A. por los diferentes recursos que se han seguido, y siguen en ese
superior Tribunal, en cuyo estado de división, y para evitar su fomento, y que
pueda producir fatales consecuencias, sería muy conveniente el que se crease
una plaza de alcalde mayor, que estando al lado del corregidor, cuya instrucción
y conocimientos, por la cualidad de lego, puede ser la suficiente para cortar
de raíz la fermentación que se experimenta, pudiese con su ilustración estar a
la mira de pronto en cualquier caso que ocurriere, pues a V.A. le consta muy
bien que un mal que en su principio no se corta suele hacerse incurable, y no
parece conforme el que se mire con indiferencia la suerte de un pueblo de la
consideración de Hellín, ni la fatal que pueda seguirse a algunos sujetos en
particular, mayormente estando prevenido por las leyes y principalmente por la
Instrucción de Corregidores, que los jueces en todos los casos que lo permitan,
deben valerse de reflexiones paternales y amigables, para cortar los litigios y
no fomentar disgustos, dedicándose y empleando sus desvelos en conservar la
paz, haciéndose al mismo tiempo de respetar y querer de sus súbditos.
Por las consideraciones anteriormente hechas, y partiendo que debe resultar un sobrante de Propios suficiente para dotar competentemente la vara de un alcalde mayor…considero por de absoluta necesidad la creación de una vara de alcalde mayor en la villa de Hellín, y a ser con el fin de que sirva como asesor nato del corregidor, o en términos que S.M. tenga por conveniente, a quien y a V.A. como sabio y recto Tribunal, someto todos los particulares de este informe, para que haga el uso que le parezca correspondiente, y advirtiendo de que he oído instructivamente al Ayuntamiento de Hellín, por cuanto he presumido fundadamente que no se mandaría su reunión, como no se hizo con la Junta de Propios. Que es cuanto puedo informar a V.A. y por ello lo firmo en Tobarra y abril tres de mil ochocientos diecisiete”[35].
Por su parte, el licenciado D.
Antonio Rodríguez Escobar, abogado de los Reales Consejos, alcalde mayor de Liétor,
capitán de guerra y subdelegado de sus montes y plantíos, quien había estado en
comisión en las villas de Cotillas y Villaverde, tuvo noticia de la petición de
informe de la Chancillería de Granada por el regente de la jurisdicción real
ordinaria en su ausencia, el conde de las Navas de Amores, el 3 de abril. D.
Antonio también solicitó una información similar al corregidor de Hellín a la
que hizo el alcalde mayor de Tobarra. D. José de Angulo excusó su demora por
estar dedicado al exterminio y aprensión de malhechores, especialmente de la
Partida de los Niños de Écija. Finalmente, el 23 de abril, el alcalde mayor
emitió su informe desde Liétor favorable al establecimiento de un juez de
letras en Hellín[36].
Casi un mes antes, el 29 de
marzo de 1817, el antiguo fiscal del Consejo de Castilla D. Francisco de Soria
y Soria[37], natural de Hellín, donde
residía, emitió este informe, que adelanta la solución final de este
expediente:
“Por
la orden de V.S. de siete de este mes, veo la memoria y confianza que he
merecido al Real Acuerdo (para mi siempre apreciable) de que informe sobre la
representación adjunta, de que se nombre Alcalde Mayor en este pueblo, cuya
solicitud además de las razones que se expresan y son constantes y acreditadas
por la experiencia, tienen a su favor la autoridad de la Ley 29 Título 11 libro
7 de la Novísima Recopilación, en cuyo artículo 10 se indicó la necesidad del
establecimiento de Alcalde Mayor para evitar el gravamen de asesorías.
Dirigido aquel Real Decreto al Consejo para su ejecución hallo en
las primeras diligencias de la instrucción del expediente (por certificación de
la Contaduría General de Propios y Arbitrios del Reino) que los de este pueblo
no podían sufragar la dotación de ambos jueces y demás cargas, debiendo ser la de
mil ducados anuales cada uno, conforme al artículo 1º de la misma ley, lo que
también se repitió en resoluciones posteriores, de que se formó la Ley 30
siguiente y expresa su artículo 13, y no pudiendo extraerse la consignación del
fondo de Real Hacienda, habría de recurrirse al repartimiento vecinal, siempre
gravoso a los pueblos.
El medio de combinar ambos objetos, parecía fácil erigiéndolo en
corregimiento de letras, pues se evitaban las asesorías con sola una dotación;
pero había el inconveniente por la necesidad de conservarlo como premio del
mérito de los empleados en la carrera política y militar, aunque éstos podrán
aspirar a destinos decorosos en otros ramos del servicio y no impedir el
beneficio público.
El expediente quedó suspenso y el corregidor de capa y espada que
había en Hellín permaneció en Hellín, hasta que por su fallecimiento procedió
la Cámara sin esperar ya resolución del Consejo en los puntos de erección y
dotación, cuya ejecución se le había confiado a consultar el corregimiento.
Mas no recayó la elección en alguno de los propuestos porque
habiendo S.M. prohibido el regreso a América del teniente coronel D. Gabriel
Ugarte y Gallegos, mandó darle en la Península destino correspondiente a su
clase, y fue el corregimiento vacante en Hellín, que habiéndolo servido el
tiempo señalado, fueron nombrados para él sucesivamente dos oficiales de Marina
sin consulta de la Cámara, según los mismos expresaron, y al sexenio siguiente
eligió la Regencia del Reino a D. José Luis Mira, en el día alcalde mayor de
Cartagena, en cuya ausencia ha sido electo el actual corregidor D. José Angulo,
teniente de la Real Armada, que sirve año y medio.
La regulación del producto de los Propios, que expresa la
representación está proporcionada, pero diminuta la expresión de las cargas,
pues gozando por reglamento setecientos ducados el corregidor, dota
cuatrocientos y omite los doscientos anuales del cirujano titular, el 17% para
el crédito público, manutención de niños expósitos; pago de los animales
nocivos que se matan; alimento de reos pobres; correspondencia de oficio;
festividades y otros gastos de dotación fija, sin contar los extraordinarios,
que todo absorbe el producto del ingreso, y aun queda empeñado el fondo, como
lo está actualmente de modo que solo puede extraerse de él la dotación al
corregidor, reducida setecientos ducados, regulándole trescientos anuales por
el producto de poyo y juzgado, que debe tenerse en consideración según el
artículo primero de la citada ley 29 para el cómputo de los mil ducados como
corregimiento de primera entrada, y en el concepto de ser solo un juez de
letras, que es el medio que parece indispensable adoptar, agregando el
corregimiento en su vacante a dicha clase, elevando S.M. para esta variación
todas las consideraciones que ofrecen las circunstancias, no pudiendo para el
establecimiento de Alcalde Mayor sufrir un repartimiento los vecinos,
arruinados por las extraordinarias contribuciones a que obligaron las
ocurrencias pasadas y esterilidad de los años, habiendo cerrado muchas labores,
y si continúa la falta de lluvias, se cerrarán en éste las demás, con suma
decadencia de la agricultura.
Se exige aquí un arbitrio de un cuarto en cada libra de carne,
aceite y jabón que se vende y destina al fondo de contribuciones ordinarias,
rebajando al vecindario lo que importa su producto del encabezamiento o cupo de
ella, y si se emplease en la dotación de setecientos ducados al Alcalde Mayor,
habría que aumentarlos en el repartimiento vecinal, que es lo que trata de
evitarse para no acelerar la ruina del pueblo, no pudiendo escogitar arbitrio
alguno soportable para aquel objeto, en el caso de haber de llevarse a efecto
la disposición de la ley de mantener dos jueces.
He manifestado todo lo que alcanzo en el asunto, y el Acuerdo con
su mayor discernimiento podrá combinar cuanto conduzca a su resolución, que
será como siempre la más acertada.
Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. Hellín 29 de marzo de
1817. Francisco de Soria a Sr. D. Mariano José de Santos”[38].
El Ayuntamiento de Hellín envió
su informe casi tres meses más tarde, manifestándose a favor del
establecimiento del juez letrado y confirmando el incremento de los Propios una
vez que había aumentando el ganado tras la guerra[39].
5.3. Los bandos y el contencioso
Meses más tarde se vio en el
Consejo un recurso de D. Santos de Molino, en nombre de D. Antonio Marín, D.
Ginés Valcárcel y D. Juan Batuone, señalando que los males de Hellín habían
llegado
“a su más lastimoso estado por la falta de juez que gobierne en justicia y equidad…la fatal disposición en que la mayor parte de los de España se encuentra por una precisa consecuencia del anterior desorden ocasiona tal vez que las pinturas que se hacen de aquella desgraciada villa se tengan por rasgos del mal humor de partidarios díscolos, pero no es así, Hellín necesita de remedio pronto, y no hay otro que nombrar un juez letrado que corrija los excesos del actual corregidor político, y dirija su ignorancia hacia al acierto. De otra suerte podrán ser muy fatales las resultas de la permanencia de dicho corregidor independiente de reglas y de ley”.
Allí se acordó que se pasase a
la Chancillería de Granada, la que acordó:
“Con vista de todo lo que aparece de dichas diligencias, teniendo presente el contenido del recurso hecho al Real Consejo a nombre de D. Antonio Marín, D. Ginéz Valcárcel y D. Juan Batuone, vecinos de la misma villa de Hellín, del que acompaño copia certificada a la orden de V.A. comunicada a este tribunal con fecha veinticuatro de diciembre último estima ser conveniente que se establezca inmediatamente en la mencionada villa Juez Letrado que por si solo desempeñe la judicatura de ella para evitar los perjuicios que se siguen a su vecindario de hallarse ésta a cargo de un corregidor lego, y que esta determinación sea el caso de que así se adopte sin perjuicio de la promoción a otro destino o ascensos a que pueda haberse hecho acreedor por su versación en la carrera el actual D. José de Angulo. Más sin embargo V.A. se servirá determinar lo que tuviere por más justo y oportuno. Granada 7 de febrero de 1818”[40].
Este acuerdo se vio en la sala
de gobierno del Consejo de Castilla el 10 de marzo, pasando luego al fiscal con
los demás antecedentes. A partir de aquí el expediente cobra un nuevo aspecto
cuando el corregidor se erige como parte perjudicada. Dos meses más tarde un
grupo de 18 personas pudientes acordaban mediante este escrito comprometerse a
pagar de su peculio el salario del juez letrado, dejando abierta la posibilidad
de un reparto entre los vecinos como si de un nuevo impuesto se tratase:
“Por el presente nosotros D. Gerónimo Rodríguez y Rodríguez, D. Pedro del Castillo y D. Juan Batuone, regidores perpetuos y diputados del Ayuntamiento de Hellín, D. Antonio Marín y Rodríguez, D. Ginés de Valcárcel, D. José Joaquín Salazar, D. Valeriano Perier, D. José Rafael Guerrero y D. José García Moya y D. Antonio Carmona y Clemente, presbítero y demás personas que abajo suscriben, y no se mencionan por evitar molestas repeticiones todos vecinos y hacendados pudientes de la referida villa, hoy obligamos libres y espontáneamente a sufragar la dotación de quinientos ducados anuales de un juez letrado, pagando cada uno la cantidad que le corresponda como si se ligase por escritura pública solemne, si S.M. no tuviese a bien nombrarlo exclusivo inmediatamente removiendo al actual corregidor lego atentas las justas causas y poderosas razones que se expresan en el expediente que sobre este objeto se halla promovido y queremos por la general utilidad del vecindario que en el evento de que dicha exclusiva de vara no se lograre en los tres años que quedan al mencionado presente juez y por una fatal combinación no pudiesen los caudales de propios subvenir a la dotación indicada de letrado, gozar de las ventajas y beneficios que reportaba semejante establecimiento, desprendiéndonos de las cantidades que nos cupieran en defecto de dicho fondo dado caso que el Supremo Consejo no tuviese a bien hacer extensiva esta contribución a todo el vecindario por defecto de manifiestas pruebas que acreditan su voluntad por este sacrificio. Cuyo contrato otorgamos con protesta de elevarlo a escritura pública si fuese necesario, la que al presente omitimos para precaver que a este acto inocente se le de el dictado de bando y confabulación criminal. Hellín treinta de mayo de mil ochocientos dieciocho”[41].
El 7 de julio otorgaron un poder
en Hellín a favor de D. Eugenio de Mesa, agente de negocios ante los Reales
Consejos en la Villa y Corte de Madrid, para llevar a cabo su propuesta ante el
Consejo de Castilla. En este documento detallaban las profesiones y posición de
cada uno de ellos, a saber: D. Gerónimo Rodríguez de Vera y D. Pedro del
Castillo, regidores perpetuos del Ilustre Ayuntamiento de Hellín; D. José
García Moya, presbítero de la parroquial; D. Juan Batuone, diputado más antiguo
del común; D. Tomás Rodríguez de Vera, caballero de la Real Maestranza de
Ronda; el Dr. D. José Guerrero, abogado de los Reales Consejos, fiscal celador
de los montes de Marina con agregamiento a los pueblos de Peñas de San Pedro y
Bogarra; D. Ginés Valcárcel y D. Antonio Marín Rodríguez, teniente y alférez retirados
del Ejército; D. Valeriano Perier y Vallejo, vocal de la Junta de Partido y
estadística establecida en Hellín; D. Vicente Fernández de Montesinos, fiscal
de Cruzada; D. José Joaquín Salazar, D. Juan Antonio Fernández Montesinos, D.
Francisco Javier de Moya, D. Mariano Guerrero y D. Esteban Gómez, vecinos y
hacendados pudientes de la localidad.
Pocos días más tarde pasaba a la
sala de gobierno del Consejo Real un escrito en que se hacía oficialmente la
petición acordada apenas mes y medio antes por ese grupo de vecinos. Al tiempo,
por esos días de julio de 1818, también estaba en Madrid el corregidor D. José
de Angulo para defender su posición. Para ello presentó un escrito en su nombre
D. Tomás García Prieto en el que descalificaba a D. Manuel Rodríguez Cebrián, a
su tío carnal D. Gerónimo Rodríguez (al que ya hemos visto más arriba), y a dos
regidores más vendidos con el síndico a la prepotencia de aquellos, a los que
acusaba de intentar hacer daño al corregidor “sin otro motivo que no haberles vendido la autoridad que el Rey se
dignó conferirle para la recta administración de Justicia”; con todo,
dedicaba especial atención al primero de ellos, al que calificaba de “jefe por así decirlo del partido enemigo de
la autoridad”. No satisfecho del todo, ya con mayor conocimiento del
expediente, presentó otro escrito al Consejo, a través de Fermín Antonio
Lumbreras, en el que de nuevo era su blando principal D. Manuel Rodríguez
Cebrián; recordaba la relación de parentesco entre éste y D. Gerónimo Rodríguez;
la íntima relación de amistad de D. Pedro del Castillo con Rodríguez
Cebrián; el resentimiento con el
corregidor por parte de D. Miguel Guerrero; D. Juan Batuone había sido
apercibido por tolerar en su casa reuniones en las que se ventilaban asuntos
perjudiciales; D. Ginés Valcárcel había sido procesado por haber faltado el
respeto al corregidor en el sorteo. Aseguraba que pese al gran número de causas
civiles y criminales a partir de 1814 como consecuencia de la revolución, no
llamaba a los letrados de los alrededores ni a los alcaldes mayores de Tobarra
y Liétor por las relaciones de amistad y parentesco con las gentes de Hellín,
especialmente al de Liétor por su amistad con D. Ginés Valcárcel[42]. También defendió su actividad,
destacando la realización de una alameda pagada con su propio peculio.
Los partidarios del corregidor
en Hellín no estaban quietos. El más activo de ellos fue D. Hipólito Núñez
Montesinos, quien solicitó a D. Francisco Sierra Marín, regidor perpetuo y
regente de la Real Jurisdicción ordinaria en Hellín por ausencia del
corregidor, para que comparecieran ante éste una serie de testigos y declarasen
la actividad que estaban llevando a cabo los enemigos del corregidor[43]. Los del bando contrario
tampoco quedaron impasibles: D. Miguel Morote, maestrante de Ronda; Miguel
Guerrero, regidor; los presbíteros D. Francisco Javier González y D. Antonio
Pérez; los clérigos de menores D. Benito del Castillo y D. Juan Mateo Guerrero
otorgaron, en Tobarra, el 13 de julio, otro poder a favor de D. Eugenio de
Mesa. A ese documento se sumaron al día siguiente en Hellín otras personas,
incluyendo labradores y artesanos.
Las acusaciones contra el
corregidor, vistas en la sala de gobierno el 1 de octubre de 1818[44], motivaron la réplica de Angulo
a través de Francisco Toboso Mascuñán desde Hellín[45]. Pero sobre todo se planteó un
pedimento ante Francisco Sierra Marín, regidor y regente de la Real
Jurisdicción ordinaria por ausencia del corregidor (como ya sabemos). Como
consecuencia, se presentaron diversos testigos el 16 de septiembre, que
declararon ser público y notorio que, por últimos de mayo de 1814, se celebró
en Hellín una función de máscaras por el regreso de Fernando VII; en ella se
presentó un carro triunfal adornado de damascos y ramas de chopos o álamos,
formando una especie de trono de solio, y dentro de él un burro con una
inscripción al frente del solio; esto causó gran escándalo en el vecindario por
considerarse alusiones denigrativas a la soberanía, y más en aquella época por
la diversidad de opiniones que había suscitado la extinción de la Constitución.
El carro lo sacaron D. Manuel Rodríguez Cebrián, el abogado D. José Guerrero,
D. José Joaquín Salazar y D. Ginés Valcárcel con gran alboroto, paseando por
las calles, sirviendo unos de muleros y otros de lacayos y algunos montados en
caballerías como batidores, pero se les conoció por llevar la cara descubierta
y la máscara a la altura del cuello[46].
Estas acusaciones movieron a los
partidarios de crear un juez de letras a presentar otro escrito al Consejo[47], y sobre todo la participación
aún más decidida en este grupo de D. José Joaquín Salazar, destacado hacendado,
uno de los más pudientes de la localidad, ya que se consideró calumniado por el
corregidor “atribuyéndole gestiones impropias de la calidad de su nacimiento”.
5.4. La resolución
Pese a estos recursos, un mes
más tarde el fiscal presentaba este escrito para resolver el expediente:
“El fiscal ha examinado este expediente con
la madurez y reflexión que exige el punto que se ventila en él de si convendrá
crear en la villa de Hellín un alcalde mayor con la dotación correspondiente
además del actual corregidor de capa y espada D. José Angulo, según solicitó al
principio D. Mariano Rodríguez de Vera, regidor perpetuo de dicha villa, y han
instado después otros vecinos de la misma, o si será más útil el remover desde
luego a dicho corregidor, como también se ha indicado en el expediente. Y hecho
cargo de cuanto resulta, dice:
Que si bien concuerdan todos los informes que pidió
la Chancillería de Granada para evacuar, he preceptuado a la misma por el
Consejo en que con efecto será muy útil al establecimiento de dicho alcalde
mayor para evitar por este medio las muchas vejaciones y gastos que sufren los
litigantes por falta de un juez letrado en dicha población. Se advierte, sin
embargo, que varios de los informantes están encontrados acerca del medio que
debe adoptarse en la actualidad para el establecimiento del alcalde mayor, pues
el Ayuntamiento de Hellín, partiendo del principio de haber fondos suficientes
para la dotación de corregidor del día y alcalde mayor que se nombre, juzga que
podría nombrarse este desde luego quedando por único juez cuando acabase el
sexenio el corregidor. Don Francisco Soria, vecino de la propia villa, y fiscal
que fue de este Consejo, y que por ambos conceptos debe suponerse por más
imparcial e ilustrado en el asunto, teniendo lo dispuesto en el artículo 10 de
la ley 29 del título 11 libro 7º de la Novísima Recopilación, y expediente
suscitado en este Supremo Tribunal sobre el mismo punto del que hará mérito a
su debido tiempo, opina que el mejor medio adaptable en el caso de que se trata
sería poner en noticia de S.M. las consideraciones oportunas a penetrar en su
real ánimo de que conviene agregar este corregimiento en su vacante a la clase
de los de letras por no bastar el fondo de Propios en el día a la dotación de
dos jueces, y no poder sufrir los vecinos un repartimiento para este efecto,
mediante a estar arruinados con las frecuentes contribuciones a que estuvieron
sujetos en las ocurrencias pasadas, y esterilidad de los años. Y por último, la
Chancillería, con presencia de estos informes y los de los alcalde mayores de
Tobarra, Liétor, Jumilla, que convienen igualmente en el nombramiento de un
juez de letras, aunque sin expresar en qué términos, estima que será
conveniente el que se establezca inmediatamente en Hellín un juez letrado, que
desempeñe por si solo la judicatura para evitar los perjuicios que se siguen a
su vecindario de hallarse ésta al cargo de un corregidor lego, y que esta
determinación sea, en el caso de que así se adopte, sin perjuicio de la
promoción a otro destino o ascenso a que puede haberse hecho acreedor por su
versación en la carrera el actual D. José Angulo. En confirmación de que en el
día no hay fondos suficientes en Hellín para dotación del alcalde mayor junto
con el corregidor está también el informe de la Contaduría General de Propios
por el que resulta que en el quinquenio de los años 1805, 6, 7, 815 y 16
ascendieron los valores del fondo de Propios de dicha villa a 252. 230 reales y
1 maravedí, y las cargas 301.977 reales con 33 maravedíes, faltando por
consecuencia para atender a sus obligaciones 49.747 reales y 31 maravedíes. Así
lo han debido conocer D. Gerónimo Rodríguez y Rodríguez, y hasta dieciocho
vecinos de la propia villa en el hecho de ofrecer por su recurso en el folio
114 el depósito de la cantidad necesaria para que el juez acompañado asegure
por el tiempo que lo sea la dotación de 500 ducados anuales. Y finalmente la misma
falta de fondos debió haber antiguamente con corta diferencia en la villa de
Hellín, pues consta del expediente unido y seguido en el Consejo en 28 de
septiembre de este último que no se hiciese novedad en la villa de Hellín sobre
nombramiento de corregidor y pasar aviso de tal providencia a la Real Cámara
fue la escasez de fondos, según manifestó entonces la Real Chancillería de
Granada con arreglo a los informes pedidos, sentando que los Propios y
Arbitrios de aquella villa apenas alcanzaban a cubrir las cargas y dotaciones
de su reglamento.
En medio de estas circunstancias se ve en este
expediente el mayor acaloramiento entre los vecinos de Hellín que solicitan el
nombramiento de alcalde mayor, y su corregidor D. José Angulo, pues se han
echado inmediatamente a la cara faltas de su conducta particular y pública: los
primeros acompañando varias copias de providencias y reales resoluciones en que
se ha prevenido y apercibido al corregidor por las causas que se refieren, y
éste presentando informaciones y testimonios con el fin de justificar que la
solicitud de los vecinos de Hellín sobre que se ponga alcalde mayor procede de
la prepotencia y cábala de dos o tres de los mismos que buscan firmas y partido
para persuadir de la necesidad de tal juez, la mayor parte de los cuales han
sido procesados por las causas que especifica.
Y el fiscal en vista de todo entiende que
apareciendo justificado en bastante forma no haber fondos suficientes en la
villa de Hellín para dotar competentemente al corregidor y otro juez de letras,
careciendo al mismo tiempo el común de los vecinos de facultades
correspondientes para repartirse la cantidad que falta y no correspondiendo de
modo alguno que el juez de letras que se nombrase en su caso hubiese de
depender precisa y únicamente de los dieciocho vecinos de Hellín que ofrecen
contribuciones con 500 ducados anuales, sería más útil o conveniente que se
conmutase o agregase el corregimiento actual en su vacante a la clase de
corregidores de letras de 1ª entrada según propuso en su información a la
Chancillería D. Francisco de Soria, manifestándose así a S.M. con expresión y
méritos de los antecedentes referidos que exigen esta media, y demás
consideraciones que el Consejo estime convenientes, todo sin perjuicio de que
tanto los que increpan al corregidor por el modo con que desempeña su destino,
como éste respeto de cuanto dice contra los mismos, usen de su derecho ante el
tribunal correspondiente en el modo y forma que previenen las leyes.
El Consejo siendo servido podrá consultarlo así a S.M. o acordar no obstante lo más conforme. Madrid 31 de diciembre de 1818”[48].
El dictamen del fiscal fue
aceptado por la sala el 12 de marzo de 1819, y el 31 de ese mes se elevaba a
consulta con el rey:
“Dictamen…} dice así.= El Consejo, Señor,
después de reservar su derecho al corregidor y vecinos recurrentes para que
usen de él acerca de las acriminaciones que se hacen respectivamente en sus
escritos, fija únicamente su atención en el objeto principal del bien público,
que motivó la formación del expediente, y halla suficientemente acreditada la
necesidad de un juez letrado en la villa de Hellín, pues además de tener en su
apoyo todos los informes y el voto del tribunal territorial, es indudable que
los pueblos están mejor gobernados por los jueces letrados que por los capa y
espada, que por este medio se ahorran los gastos de asesorías, y que es digna
de tal establecimiento una villa rica y popular dotada de fértiles terrenos, y
que desgraciadamente se halla devorada por el espíritu de desunión. No cree el
Consejo conveniente ni político constituir al juez que se establezca bajo la
dependencia de los dieciocho vecinos que ofrecen la dotación de dos jueces,
pero bastan para sostener uno como se verifica en el día y puede verificarse en
los sucesivo sin aumento de gastos, sin gravamen del vecindario empobrecido y
con ventajas y ahorros en la administración de Justicia. Por lo mismo y
conformándose el Consejo con el dictamen de vuestro fiscal es de parecer
que el Corregimiento de Hellín se agregue
en su vacante a la clase de los de letras de primera entrada con el
sueldo de setecientos ducados, que unidos a los trescientos en que se regulan
los productos del juzgado forman los mil que señala la ley para su decente
subsistencia, y que si V.M. se sirviese conformarse con este dictamen, se de aviso
a la Real Cámara para los fines correspondientes. V.M. resolverá sin embargo lo
que fuere de su Real agrado. Madrid treinta y uno de marzo de mil ochocientos
diecinueve.
Real resolución…} Como parece.
Publicación…} Publicado en el Consejo hoy veintisiete
de abril de mil ochocientos diecinueve, acordó su cumplimiento y que poniéndose
certificación en el expediente se remita otra al Ministerio de Gracia y
Justicia, y se comuniquen las órdenes correspondientes a la Secretaría de la
Cámara, a la Real Chancillería de Granada y al Ayuntamiento de Hellín.
Y para que conste en el expediente del asunto lo firmo en Madrid a veintiocho de abril de mil ochocientos diecinueve. Por el secretario D. Bartolomé Muñoz a D. Valentín Pinilla”[49].
La real resolución fue notificada
al corregidor con fecha de 27 de mayo, dando aviso de recibo en Hellín el 3 de
junio de 1819. Pero la actitud de D. José de Angulo hizo que fuese removido
antes de cumplir el sexenio, ya que en abril dos vecinos hicieron esa solicitud
para contener al corregidor. Angulo elevó un memorial al rey protestando desde
Hellín 5 de octubre de 1819, quien ordenó a través del marqués de Mataflorida,
ministro de Gracia y Justicia, al Presidente de Castilla el 23 de enero de 1820
que se viese en el Consejo Real. Unas semanas más tarde, el 10 de febrero, la
sala de gobierno pasaba la queja al fiscal para que informase. El cambio de
régimen debió paralizar el procedimiento.
6. LA ETAPA LIBERAL Y LA DÉCADA OMINOSA
El Trienio Liberal supuso la
implantación del sistema constitucional con la separación de poderes. Como
consecuencia los corregidores desaparecieron y en su lugar se crearon juzgados
con los correspondientes jueces de primera instancia. Gómez Rivero asegura que
el restablecimiento del régimen liberal hizo que la mayoría de los alcaldes
mayores y corregidores formasen parte de los Ayuntamientos constitucionales al
jurar la Constitución, haciendo posible que continuasen en sus destinos en
calidad de jueces interinos de primera instancia, en especial los corregidores
de letras nombrados durante el último sexenio[50]. La antigua Chancillería de
Granada pasó a ser Audiencia, en la que se incluyó al Reino de Murcia que fue
dividido en 12 partidos en octubre de 1820 (Caravaca, Cartagena, Cieza, Hellín,
Lorca, Molina, Murcia con dos juzgados, Segura de la Sierra, Totana, Villena y
Yecla). En 1821 fueron propuestos los tres letrados que correspondían a Hellín:
Joaquín Beneito y Beneito, interino de Leganés; Francisco Javier Surga,
abogado; y Juan de Mata Garralón, abogado[51]. El 27 de enero de 1822 un
decreto dividió España en provincias, que no afectó en principio a los partidos
judiciales[52]. La ley de 1822 integró a
Hellín en la provincia de Chinchilla.
La llegada de “Los Cien Mil
Hijos de San Luis” supuso el fin del Régimen Liberal y la vuelta al
Absolutismo, iniciando el período conocido como Década Ominosa. Esta etapa
supuso el restablecimiento de los corregimientos. Hellín inició esta etapa como
corregimiento de letras de entrada o ingreso, conocido como de primera clase.
En 1824 fue nombrado para desempañarlo D. Ramón Antonio Artuñano, quien
falleció en el ejercicio de su cargo en la madrugada del 28 de junio de 1829[53]. En los días siguientes el
Ayuntamiento Real de Hellín elevó dos memoriales al Rey, el primero estaba
firmado por el regente de la Real Jurisdicción ordinaria D. Francisco Sierra
Marín, solicitando la calificación para el corregimiento de segunda clase o
ascenso, al tiempo que destacaba la actividad del difunto corregidor y sus
cualidades:
“Señor
El Ayuntamiento Real de la villa de Hellín en el
Reino de Murcia a V.M., con la debida consideración y respeto, hace presente:
Que en la madrugada del día veintiocho del que rige falleció en ella de muerte
natural su corregidor letrado D. Ramón Antonio de Antuñano.
Al cumplir esta corporación con la obligación de dar
parte a V.M. de esta vacante tiene la respetuosa confianza que le inspira la
ilustrada justificación de V.M. para manifestarle que en 19 de febrero de 1827
se fijó en mil ducados anuales la dotación de esta vara por superior
determinación del Ilmo. Señor Director de Propios y Arbitrios del Reino, cuya
circunstancia unida a la calidad de esta población que es una de las
principales de esta Provincia por sus producciones, situación, número y clase
de sus vecinos reclaman que el juez que haya de regirla posea la aptitud y
prudencia que nacen de la experiencia, y por consiguiente que la calificación
de este corregimiento, lo ponga en los de segunda clase en vez de los de
primera, a que hasta aquí ha sido reducido, cuando tenía solamente de
asignación segura cuatrocientos ducados anuales.
Los antiguos disturbios que han tenido divididos los
ánimos de estos vecinos en partidos de mando los ha reprimido en gran parte la
calma y honradez del difunto corregidor Antuñano que a su edad, madurez y
carácter reflexivo, añadía probidad, soltería y procedencia de país lejano,
cualidades que lo hicieron exento de protecciones apasionadas y de otras
combinaciones de la intriga que por fortuna de esta villa no han tenido cabida
en su seno, conservándose en su lugar el orden, la paz y sumisión a las leyes.
Por esta razón, y teniendo presente que este Ayuntamiento
que ya antes de la provisión de este corregimiento en el ya nombrado D. Ramón
Antonio de Antuñano, solicitaron algunos de
estos vecinos que S.M. se dignase tener en consideración las
particulares circunstancias de este pueblo que se han apuntado para que el
nombramiento de su juez recayese en persona que tuviera la edad y demás
requisitos que se han referido, y que por los resultados comprendieron que no
se había desestimado su justa solicitud, se atreve ahora de nuevo esta
corporación a repetirla llena de respeto y sumisión, esperando que el interés
bien acreditado con que V.M. mira por el bienestar de los pueblos hasta que no
sea desoída y que Hellín tenga la fortuna de recibir un corregidor
experimentado y de buen crédito, libre de las ligaduras y conexiones que suelen
estorbar la imparcial y recta administración de justicia.
El cielo guarde y prospere la importante vida de
V.M. por m.a.
Hellín 30 de junio de 1829. Señor ALRP de VM como presidente Francisco Sierra Marín, secretario Francisco Ruiz Sánchez”[54].
Al día siguiente se envió otro
memorial al rey de contenido prácticamente idéntico, pero ahora firmado por los
miembros del Ayuntamiento[55]. La petición surtió efecto y
Hellín pasó a ser corregimiento de letras de segunda clase o ascenso, sin poder
determinar la fecha.
La Cámara acordó la terna el 15
de febrero de 1830 para el nombramiento del corregimiento de Hellín de letras
de segunda clase o ascenso, regulado en 14.300 reales, que presentó a consulta
el 17: en primer lugar D. Miguel Martínez Delgado; D. José María Puig propuso s
D. Félix Fernández Avilés; D. Tadeo Ignacio Gil a D. Pedro Antonio Porrillo. 2º
lugar D. Eugenio Hernández Borbón; D. Tadeo Ignacio Gil a D. Ambrosio Morales.
3º lugar D. Juan María Domínguez; D. Tadeo Ignacio a D. Juan Antonio Bernal.
Fue nombrado el propuesto en primer lugar, D. Miguel Martínez Delgado, siendo
publicado el 13 de marzo de 1830. D. Miguel, vecino de Almansa, solicitó
realizar el juramento ante el obispo de Cartagena por los gastos que le podría
ocasionar hacerlo ante el Consejo, como era preceptivo. La petición le fue
denegada dándole la alternativa de hacerlo ante el Consejo o la Chancillería de
Granada. Martínez Delgado satisfizo sus contribuciones y título de capitán de
guerra al montepío de corregidores y alcaldes mayores el 5 de mayo, unos días
antes había pagado la media annata. También pidió varias prórrogas, teniendo
noticia que por la última se le señalaba como fecha límite para tomar posesión
el 3 de junio de 1830. Don Miguel Martínez Delgado debió ser el último
corregidor de Hellín (y el primero de letras de segunda clase o ascenso).
7. CONCLUSIONES
El gobierno ilustrado de Carlos
III potenció claramente los corregimientos “de letras” en detrimento de los “de
capa y espada”, como se aprecia claramente en la reforma de 1783. Se decantó
por el personal civil en el ámbito local, afianzando un perfil más burocrático.
Se optó por un oficial conocedor del Derecho destacando su función judicial y
administrativa, que debería ser menos costoso y más flexible para los
administrados.
Como consecuencia de esos
planteamientos se llevó a cabo la conversión, en el caso concreto de Hellín, de
un corregimiento “de capa y espada” sin teniente letrado, algo inusual, en un
corregimiento “de letras” de primera clase o entrada, que terminó siendo de
segunda clase o ascenso. La justificación de esa conversión vino dada por los
gastos que suponían las asesorías, al no tener el corregidor conocimientos
jurídicos, lo que suponía el encarecimiento de la justicia (destacando esa
función en el corregidor).
El peso de la protesta o de la
propuesta lo llevó el grupo dirigente local, lógicamente, en un principio
dividido. La Guerra de la Independencia favoreció y agudizó las diferencias
existentes en los años previos; los enfrentamientos y los ajustes de cuentas
estuvieron a la orden del día, si bien siempre se han personificado en Fernando
VII. Con todo, son muchos los indicios de que ese encono, esas banderías
estuvieron en muchos lugares. La propuesta de conversión pudo ser una excusa
más para manifestar esa división. Es posible, que, junto al carácter de Angulo,
haya que tener presente la reforma de la Hacienda de Martín de Garay; existe
alguna referencia en la documentación a la actitud del corregidor por allegar
fondos, presionando a los miembros del grupo dirigente, motivando la reprimenda
del intendente. Se puede comprobar que es en 1818, el siguiente a la
implantación de la reforma y se está intentando llevar a cabo, cuando aumentan
los memoriales y las personas en contra del corregidor (es conveniente recordar
a D. Valeriano Perier, vocal de la Junta de Partido y Estadística establecida a
raíz de la reforma). También provisionalmente es posible considerar al grupo
del corregidor más próximo al realismo y al grupo opositor, al menos a algunos
de sus miembros, cercano al liberalismo.
La tramitación y resolución de
este expediente por parte de Consejo Real de Castilla se llevó a cabo sin
entrar en esas cuestiones de banderías, dejando la posibilidad de llevarlas
ante los tribunales competentes. Se resolvió con objetividad, tomando los
informes que se consideraron oportunos, destacando el de un antiguo fiscal del
propio Consejo que vivía en la localidad, que en definitiva fue el fundamento
de la decisión final, posiblemente la más ponderada y juiciosa.
Con todo, fue decisiva la
situación económica del lugar para resolver el asunto, ya que los fondos eran
cruciales para poder satisfacer los salarios (debían correr a cargo del propio
municipio). Por otra parte, la recuperación económica de esta localidad ya era apreciable
en 1826 según apunta Miñano en su Diccionario.
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Dionisio.Perona@uclm.es
https://orcid.org/0000-0002-6273-374X